SANTO DOMINGO.- Informe técnico de la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) al Ministerio de Hacienda (2016-2020) expone irregularidades financieras que ascienden a miles de millones de pesos, además de incumplimientos a las normativas vigentes y resoluciones que rigen la gestión pública en los procesos financieros y administrativos.
Las presuntas irregularidades financieras y administrativas, identificadas en la investigación especial, ocurrieron durante la gestión de Donad Guerrero (agosto 2016 a agosto de 2020), bajo la administración gubernamental de Danilo Medina, perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El informe revela irregularidades significativas en la gestión de recursos y procedimientos administrativos, lo que pone en evidencia posibles fallos en los controles internos. Según el documento, se identificaron pagos por un monto total de RD$ 553,160,000 realizados a personas que no eran los legítimos propietarios de los bienes expropiados, lo que podría implicar un uso indebido de fondos públicos.
La auditoría determinó que se suscribieron contratos por un monto de RD$ 3,875,221,921 sin contar con la tasación requerida de la Dirección General del Catastro Nacional, lo que evidencia el incumplimiento de este requisito por parte de las autoridades de Hacienda.
El informe técnico de la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) al Ministerio de Hacienda (2016-2020) expone irregularidades financieras que ascienden a miles de millones de pesos, además de incumplimientos a las normativas vigentes y resoluciones que rigen la gestión pública en los procesos financieros y administrativos.
Las presuntas irregularidades financieras y administrativas, identificadas en la investigación especial, ocurrieron durante la gestión de Donad Guerrero (agosto 2016 a agosto de 2020), bajo la administración gubernamental de Danilo Medina, perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El informe revela irregularidades significativas en la gestión de recursos y procedimientos administrativos, lo que pone en evidencia posibles fallos en los controles internos. Según el documento, se identificaron pagos por un monto total de RD$ 553,160,000 realizados a personas que no eran los legítimos propietarios de los bienes expropiados, lo que podría implicar un uso indebido de fondos públicos.
La auditoría determinó que se suscribieron contratos por un monto de RD$ 3,875,221,921 sin contar con la tasación requerida de la Dirección General del Catastro Nacional, lo que evidencia el incumplimiento de este requisito por parte de las autoridades de Hacienda.
Sobre este punto, el informe de la Cámara de Cuentas destaca la importancia de mejorar la supervisión y asegurar el cumplimiento de las normas.
El equipo de investigación del ente fiscalizador identificó que se realizaron tasaciones por un monto de RD$ 332,739,330 fuera del período establecido. Las observaciones evidencian el incumplimiento de la normativa en dicho proceso.
Durante el período evaluado se realizaron reconocimientos de deudas anteriores a la entrega de las cubicaciones, por un monto total de RD$ 2,130,104,926. Este procedimiento abarcó compromisos financieros establecidos sin la verificación previa de las obras ejecutadas, lo cual puede representar riesgos para la gestión administrativa, según el documento.
La experticia habría detectado igualmente facturas emitidas hasta nueve meses antes de la firma de los contratos correspondientes, por un valor total de RD$ 292,943,470, lo que indica posibles deficiencias en los controles de los procesos de contratación. Asimismo, se identificaron otras facturas por RD$ 46,760,273 que no están vinculadas a la entidad deudora.
Se detectaron facturas por un valor de RD$ 11,730,059 que, según se indica en el informe, fueron generadas antes de contar con la debida autorización de las órdenes de compra. Además, se verificó la emisión de conduces de despacho hasta un año y tres meses previos a la formalización contractual, lo cual podría evidenciar deficiencias en la planificación o posibles incumplimientos de los procedimientos establecidos.
El documento detalla que se encontraron otras inconsistencias en la documentación que respalda los pagos, lo que había afectado la fiabilidad de los registros. Por ejemplo, hubo facturas por RD$ 46,760,273 emitidas a nombre de personas distintas a la entidad deudora, generando dudas sobre la legitimidad de estos pagos. Además, se entregaron facturas con comprobantes fiscales vencidos o inválidos por un valor de RD$ 143,660,926, lo cual no cumple con las normativas fiscales vigentes.
En su informe reciente, el órgano externo encargado de supervisar al Estado detectó nuevas irregularidades en la gestión de los recursos públicos. Entre los hallazgos se resaltan diferencias importantes entre el valor oficial de unos terrenos adquiridos y el precio acordado en las transacciones por un total de RD$ 12,348,491.
Fuente: Acento
